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El Tribunal Superior de Justicia de Valencia sugiere que se regule la prostitución

Si hay un tema político de discusión recurrente en España desde la llegada de la democracia es el que hace referencia a la separación e independencia de lo que se conoce como los tres poderes del Estado: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Desde que Montesquieu, allá por el siglo XVIII, teorizara sobre dicha separación de poderes en su obra Del Espíritu de las Leyes, ésta es considerada una de las bases de la democracia occidental. Para hablar de democracia es necesario, pues, que cada uno de los tres ámbitos del poder permanezcan independientes frente a los otros dos y actúen sin ser mediatizados por los otros.

Esto, claro, no deja de ser un objetivo hasta cierto punto utópico. La tentación de un poder de influir en mayor o menor medida sobre los otros siempre está presente. El grado en que dicha tentación es vencida o esquivada determina el nivel de democracia en un determinado país y el vigor de esa misma democracia. En países como el nuestro, en los que el ejercicio cotidiano de la democracia es algo, hasta cierto punto, reciente, la separación de poderes no acaba nunca de ser tan clara como sería de desear. O, en cierto modo, no aparenta serlo. Por eso la separación de poderes se convierte en tema de debate habitual y por eso cualquier noticia que en mayor o menor medida tenga que ver con ella adquiere una especial resonancia, máxime si dicha noticia tiene que ver con un tema que, para muchas personas, ya es polémico de por sí y que no es otro que el de la prostitución y su ejercicio.

Que un tribunal ordene el cese de un burdel clandestino es algo que entra, lógicamente, dentro de lo normal. Que ese mismo tribunal recomiende al Poder Legislativo el que se regule, de alguna manera, la prostitución, ya no lo es tanto.

Pues eso, precisamente, es lo que ha hizo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) el pasado 29 de noviembre al dictar sentencia sobre unos hechos que se remontan al año 2013. En ese año, el Ayuntamiento de Valencia ordenó el cese inmediato del ejercicio de la actividad de alquiler de habitaciones por fracciones de 30 minutos a una hora a una pensión del centro de la ciudad, ya que dicho alquiler parecía estar destinado al ejercicio de la prostitución en las habitaciones de dicha pensión. La pensión, pues, actuaba como un burdel camuflado. La propietaria de la pensión recurrió en aquel momento la decisión del Ayuntamiento y es ese recurso sobre el que ha resuelto actualmente el TSJV.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia a la que nos referimos en este artículo da toda la razón (y en todos sus puntos) al Ayuntamiento de Valencia. Según se recoge en la sentencia:

  • Las habitaciones de la mencionada pensión se alquilan por fracciones de tiempo de mujeres que ejercen la prostitución.
  • La pensión carece de un registro de clientes.
  • Cada habitación cuenta con puerta, candado, cerradura, cama, lavabo, bidet y ventilación al exterior.
  • En la pensión se realizaron obras para alterar el estado original de las habitaciones y para, con ello, conseguir una distribución de las mismas que facilitara su uso eventual.

En la sentencia se recogía también un hecho fundamental: y es que las propias mujeres que ejercían allí la prostitución habían puesto una denuncia que servía para exponer su queja sobre la falta de “cualquier medida de seguridad y sanitaria, y de las mínimas condiciones de salubridad”.

La propietaria del local, por su parte, expuso como principal alegación el hecho de que no se haya probado la existencia de ningún tipo de arrendamiento por tiempo máximo de una hora. Según ella, lo que se realiza en su pensión es un subarriendo, que a su decir es perfectamente posible de acuerdo con el contrato realizado con las mujeres y que, para realizar ese tipo de subarriendo, no se necesita licencia de actividad.

La sentencia del Tribunal Superior de Justica de Valencia parece poner punto y final a este contencioso, pero el Tribunal, al dictarla, ha añadido a la misma un párrafo que ha servido para encender de nuevo el recurrente debate sobre si es necesario o no regular la prostitución y, por supuesto, sobre qué sentido debe darse a dicha regulación.

Y es que, pese a asumir el propio TSJV en el texto de la sentencia por él dictada que el asunto que se dirime con ella “no tiene por objeto valorar la actividad de prostitución que se materializa en el local objeto de las actuaciones, ni por supuesto resolver el pleito en función de un juicio crítico, estético o moral sobre la prostitución, cosa que es ajena por completo a la materia objeto de los autos”, el órgano judicial comunitario explicita en la sentencia que “sería muy razonable el que se regulara legalmente, en todos sus sentidos, un fenómeno tan extendido como este”. Es decir: que el Poder Judicial hace una recomendación o, si se desea, una sugerencia, al Poder Legislativo. Y esa sugerencia ha vuelto a traer el debate sobre la conveniencia o no de regular la prostitución. A este respecto, los diferentes partidos del espectro político español no han hecho sino volver a reafirmar las posiciones que al respecto mantienen y que hemos recogido en diversos momentos y en diferentes artículos de este blog.