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El PSOE propone prohibir los anuncios de prostitución

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y, con ellas, las correspondientes propuestas electorales. La experiencia nos dice hasta qué punto las propuestas y promesas que se realizan antes de una cita electoral quedan en nada una vez que el partido político o líder correspondiente ha alcanzado el poder. Instalados en los puestos decisorios, los políticos acostumbran a ampararse en argumentos de excepcionalidad o de circunstancias especiales que impiden la aplicación de dichas promesas. Esto no quiere decir que, de tanto en tanto, alguna promesa no sea cumplida. Por eso hay que atender y escuchar las promesas que se hacen en tiempo de campaña electoral. Sólo escuchándolas se podrá votar en consecuencia y saber lo que puede esperarse o no de un candidato electoral. Sólo escuchándolas se podrá, también, exigir el cumplimiento de las promesas o protestar por el olvido de las mismas en el momento en que un candidato obtenga suficientes votos de la ciudadanía como para ejercer el poder.

Uno de los temas que ningún partido político olvida a la hora de elaborar sus programas electorales es lo que muchos llaman el “problema de la prostitución”. En mayor o menor medida, todos los partidos políticos encaran el tema de la prostitución y de su regulación o no de un modo u otro. Poco antes de las elecciones municipales de mayo del presente año ya tratamos el tema de las propuestas políticas de los diferentes partidos en uno de nuestros artículos. Allí recogimos cómo Albert Rivera, líder de Ciudadanos (C’s) había apuntado a la posibilidad de que la prostitución fuera regularizada y legalizada en caso de que su formación política alcanzase el poder. En ese mismo artículo señalábamos cómo las diferentes fuerzas políticas del arco parlamentario habían rechazado dicha posibilidad.

El nuevo proceso electoral en marcha trae de nuevo a las primeras páginas de la actualidad dicho debate. El PSOE ha sido de los primeros en lanzar una propuesta. Esta propuesta se fundamenta en la sanción (que no penalización) de la demanda o compra de prostitución, así como de los alquileres de locales destinados a convertirse en burdeles o clubs de alterne. La intención del PSOE, según se señala en el primer borrador de su programa electoral, es desmantelar la “industria del sexo”. Para conseguirlo, el PSOE se plantea, entre otras medidas, prohibir los anuncios de sexo.

De las discusiones internas que en el PSOE han tenido lugar para elaborar este primer borrador ha trascendido que algunos dirigentes de la ejecutiva socialista se oponen a la posibilidad de aplicar medidas coercitivas contra la clientela de la prostitución (existía una propuesta del grupo feminista que apuntaba a la posibilidad de penalizar a los clientes). Este mismo grupo de dirigentes, más contemporizador y partidario del mantenimiento del statu quo legal (al menos hasta que se consiga una opinión social más formada al respecto y más clara sobre los deseos de la mayor parte de la sociedad), defiende que se siga persiguiendo el proxenetismo y la trata de mujeres. Este mismo grupo de dirigentes socialistas se muestra reacio a penalizar a los prostíbulos.

La propuesta del PSOE ha servido, de nuevo, para abrir el debate sobre el tratamiento legal que debe tener la prostitución. Ciudadanos ha contestado a dicha propuesta por boca de su vicesecretario general, José Manuel Villegas. Villegas, recogiendo el pensamiento de Ciudadanos, apuntaba que las medidas punitivas no servirán para abolir la prostitución.

Como vemos, el debate está abierto. La respuesta final al mismo la darán los ciudadanos y, posteriormente, los políticos que alcancen el poder. Los primeros la darán con su voto. Los segundos, con el cumplimiento o no de las promesas electorales realizadas.