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Protestas contra la Ley de Seguridad Ciudadana

La recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana sigue encendiendo los ánimos de las diferentes asociaciones estatales que tienen entre sus objetivos la defensa de los intereses de las trabajadoras del sexo. Asociaciones como Hetaira, Médicos del Mundo o las fundaciones Cruz Blanca, Bachué o Igenus justifican su oposición a la ley argumentando que la ejecución del Anteproyecto de ley se traducirá, para quienes ejercen la prostitución en la calle, en una persecución y un acoso que se derivará, al decir de las asociaciones, en un significativo empeoramiento de las condiciones laborales y de la vulnerabilidad, ya que las prostitutas, para evitar el acoso policial, “se verán obligadas a ejercer en lugares más alejados y a negociar las condiciones del servicio sexual de manera más rápida y clandestina, lo que supondrá una pérdida de control en la negociación del preservativo, el precio, las prácticas, etc.”.

Otro de los aspectos destacados por las referidas asociaciones para argumentar su oposición a la popularmente llamada “Ley Mordaza” es el de señalar a los empresarios de los locales destinados al ejercicio de la prostitución como los grandes beneficiarios de la situación que se creará por la entrada en vigor de la misma. En esos espacios, señalan estas asociaciones, son los dueños o las redes las que imponen sus normas. Por otro lado, se vuelve más difícil el acceso de las entidades de intervención social y de los agentes de salud a esos espacios.

Las asociaciones firmantes del manifiesto de propuesta señalan, además, la incongruencia que, a su parecer, supone el hecho de que se penalice una actividad que no es delito en el Estado Español. Y es que, tal y como se señala, ni ejercer la prostitución ni solicitar servicios sexuales están tipificados como delitos en el Código Penal.