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Aprobada una propuesta de regulación de la prostitución libre en el Ayuntamiento de Barcelona

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por la alcaldesa Ada Colau, ha acordado modificar las ordenanzas de civismo en lo referente a las multas que la ordenanza prevé para sancionar a quienes ejercen la prostitución en la calle. Esa medida de reforma de las ordenanzas irá acompañado de la aprobación de una normativa reguladora de esta actividad que permita la legalización de locales y el reconocimiento del derecho a ejercer la prostitución en condiciones de absoluta libertad.

Con este compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona se intenta dar respuesta a la proposición presentada por el grupo de Ciutadans. Dicha propuesta, que se basaba en la intención de preparar una normativa de prostitución voluntaria, fue debatida en la comisión de Derechos Sociales. A favor de la propuesta votaron Ciutadans, BComú, ERC y CUP; en contra, CiU, PSC y PP.

El acuerdo aprobado por la comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona prevé “la creación de un marco normativo municipal para el ejercicio del trabajo sexual voluntario con el objetivo de conseguir una mayor protección y seguridad de las personas que realicen este trabajo, velando por su voluntariedad y el control pleno de sus condiciones de seguridad e higiene”.
La intención de la propuesta es, en palabras de la concejala de Ciutadans, Marilen Barceló, velar por las condiciones de higiene y seguridad de las mujeres que, de una manera libre, decidan ejercer la prostitución. Para ello, será fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y laborales. Entre estos últimos, las prestaciones por desempleo, el derecho a la baja y a recibir una pensión en el momento de la jubilación serían los principales.

La garantía de unas correctas condiciones de higiene y seguridad sería proporcionada, según la propuesta aprobada por la comisión, por las autorizaciones que se concedieran a locales que serían inspeccionados periódicamente y en los que las mujeres, manteniendo unas buenas relaciones vecinales y evitando conflictos, pudieran ejercer su oficio.

Contra los argumentos esgrimidos por los diferentes concejales o concejalas de la CUP, ERC o BComú se alzaron los de CiU, PSC y PP. Si los primeros (CiU) señalaron que los ejemplos de los Países Bajos demuestran que la legalización de la prostitución y su regulación no resuelve el problema y recalcaron la posibilidad de que la aprobación de ese tipo de normativa legalizadora tenga un “efecto llamada” sobre las mafias de la trata, los segundos (PSC) rechazaron el concepto de voluntariedad argumentando que la prostitución es “un espacio de profunda desigualdad” que está ligado a “la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades”. Ángeles Esteller, concejala del Partido Popular, rechazó que la prostitución pudiera entenderse como un trabajo. “El trabajo dignifica a la persona, y la prostitución la denigra”, sostuvo.

El debate, pues, parece que va adquiriendo intensidad en el seno del Ayuntamiento de Barcelona, que parece decidido, dentro de sus competencias, a elaborar algún tipo de normativa que, de un modo u otro, regule el ejercicio libre de la prostitución. Si en algo sí existió práctica unanimidad dentro de la comisión fue en considerar que hay que mantener y reforzar las diferentes estrategias de reinserción social y laboral que desde hace varios años se vienen desarrollando en el municipio barcelonés, así como continuar con la política de actuar policialmente y con la mayor determinación y dureza contra las redes mafiosas que, conectadas con redes internacionales, se están sirviendo de mujeres sin papeles y traídas de manera ilegal desde sus países de origen para obligarlas a ejercer la prostitución en las calles de Barcelona.