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El PSOE propone sancionar a los clientes de la prostitución y cerrar clubs

El gobierno de Pedro Sánchez está decidido a elaborar una ley de trata. Para ello maneja tres documentos. Uno de ellos lo acaba de redactar el PSOE y lleva por título Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual. En dicho documento, y entre otras medidas, el PSOE propone lo siguiente:

  • Penalizar al cliente de la prostitución.
  • Perseguir a quienes faciliten pisos en los que se ejerza la misma.
  • Considerar la trata con fines de explotación sexual como violencia de género.
  • Despenalización total de la víctima, que en caso alguno podrá ser sancionada.

El texto de esta propuesta del PSOE sobre trata y prostitución tiene 50 páginas y, al decir del diario El País, posee 93 artículos repartidos en 13 títulos y cinco disposiciones adicionales, una transitoria y dos derogatorias. En caso de ser asumido por el Gobierno y de entrar en vigor tras los trámites reglamentarios, el texto de esta propuesta de ley contra la trata modificaría media docena de leyes, incluyéndose entre ellas el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según los promotores de esta propuesta, que convertiría la demanda de prostitución en un acto ilegal, lo que se persigue con la misma es “erradicar la prostitución por su estrecha vinculación con la trata con fines de explotación sexual”.

Las principales claves del borrador elaborado por el PSOE para alcanzar los objetivos anteriormente detallados y recogidos por el diario El País son las siguientes:

  • Castigo penal para los consumidores de prostitución. La pena propuesta en el borrador sería de multas que oscilarían entre los 12 y 24 meses (entre 720 y 288.000 euros). La pena la fijaría, lógicamente, un juez, y ésta sería especialmente gravosa en los casos en que la prostituida fuese una menor. Según el borrador del PSOE sobre la trata, el cliente que contratara los servicios de una menor sería castigado con una pena de prisión de entre y tres años y una multa de entre 24 a 48 meses de multa (de 1.440 a 576.000 euros).
  • Nombramiento de una fiscalía específica que recibiría el nombre de Fiscalía contra la Trata de Seres Humanos y Extranjería.
  • Mantenimiento de las penas recogidas en el Código Penal contra los proxenetas (prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses).
  • Endurecimiento de penas y multas contra los que faciliten inmuebles o medios de transportes.
  • Cierre de prostíbulos e inhabilitación a sus propietarios para obtener subvenciones y ayudas públicas.
  • Garantizar la colaboración entre Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y comunidades autónomas para asegurar la formación específica sobre trata y explotación sexual con enfoque de género y derechos humanos.

El Gobierno, según fuentes del mismo, está estudiando esta propuesta, pero antes de emprender una iniciativa desea conocer e incorporar al estudio voces llegadas desde otros ámbitos. La opinión de los colectivos de prostitutas, así como las de las asociaciones que trabajan con mujeres que ejercen la prostitución, quieren ser tenidas en cuenta con el Ejecutivo, que sabe que, para aprobar cualquier texto referente a la trata o a la prostitución como ley orgánica, necesita el sí de 92 diputados ajenos al PSOE. Sólo con el voto afirmativo a favor de la ley de esos 92 diputados, sumados a los 84 síes de la bancada socialista, podría aprobarse como ley orgánica dicho texto.

La aprobación de este documento no está, sin embargo, exenta de debate en el mismo seno del PSOE. Dentro del partido socialista existen diversas posturas sobre cómo debe encararse el asunto. Para algunos miembros del partido, la normativa debería centrarse sólo en la trata con fines de explotación sexual. Para otros, la normativa debería referirse a la explotación en general. Hay quienes defienden que se incluya la palabra prostitución en el mismo. Hay quien, por el contrario, lo rechaza; y ello pese a que la postura oficial del PSOE respecto a la prostitución es marcadamente abolicionista.

La aprobación de una ley orgánica contra la trata con fines de explotación sexual está incluida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, actualmente en desarrollo. En dicho Pacto, además, se incluye la voluntad de realizar campañas públicas para desincentivar la demanda de prostitución.