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Francia decide penalizar a los clientes de la prostitución

La Asamblea Nacional francesa aprobó el pasado 6 de abril una ley para luchar contra la prostitución. En virtud del artículo 16 de esa ley, impulsada por la diputada socialista Maud Olivier, los clientes de la prostitución podrán ser multados con multas de 1.500 euros que, en caso de reincidencia, podrán ascender hasta los 3.750 euros. La reincidencia, además, podría suponer el que los clientes que “soliciten, acepten u obtengan relaciones sexuales a cambio de una remuneración” puedan ser fichados. La multa, en el caso de que la relación sexual se mantenga con una menor o con una persona que, bien por embarazo, bien por enfermedad, pueda ser definida como particularmente vulnerable, será de 45.000 euros y podrá implicar una pena de prisión de hasta tres años de cárcel.

La aprobación de esta ley pretende cerrar un debate que ha durado dos años y medio. El debate, sin embargo, seguirá abierto. La aprobación de la ley ha levantado una oleada de críticas en tres grupos sociales tan diferentes como pueden ser algunas asociaciones de prostitutas, algunos sindicatos policiales y ciertos portavoces de la magistratura.

Cada uno con sus argumentos, prostitutas, policías y jueces han cargado contra la penalización de los clientes de la prostitución recogida en la ley o contra otros aspectos de la ley en sí. Las asociaciones de prostitutas sostienen que el ejercicio de su oficio se volverá más difícil y clandestina. Para plasmar su oposición a la nueva ley sobre la prostitución, más de medio centenar de prostitutas se manifestaron en los alrededores de la Asamblea Nacional portando pancartas en las que podía leerse el eslogan “clientes penalizados, putas asesinadas”.

Los policías han alegado que su vigilancia no podrá ser efectiva. ¿El motivo? Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad del estado francés están concentrados a día de hoy en la lucha contra la amenaza terrorista, que es el principal motivo de preocupación de la sociedad francesa. Los magistrados, por su parte, alegan motivos económicos para señalar hasta qué punto puede resultar difícil aplicar esta ley. Según muchos magistrados franceses, el Ministerio de Justicia de Francia está aquejado de una penuria de medios económicos que, de no existir una dotación especial, impediría la aplicación de la ley.

Esta nueva ley francesa sobre la prostitución, que deroga la aprobada en 2003 durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, y en la que se criminalizaba la acción de captar o solicitar clientes por parte de las prostitutas, impulsa también la existencia de una serie de medidas para conseguir que las prostitutas abandonen la profesión y busquen nuevos horizontes laborales. A tal fin se destinará un fondo de 4,8 millones de euros que se destinarán a financiar albergues y subsidios de 400 euros al mes.

En Francia existen entre 30.000 y 40.000 prostitutas y se estima que el 80% de ellas son extranjeras. La nueva ley sobre la prostitución francesa aprobada contempla la concesión de permisos de residencia semestrales y renovables para todas aquellas prostitutas que, siendo extranjeras, se acojan a los denominados “programas de salida”.

Con la aprobación de esta ley Francia se convierte en el quinto país en sancionar a los clientes de la prostitución. El primer país en hacerlo fue Suecia, en 1999. Tras el país nórdico, Noruega, Islandia y el Reino Unido fueron los siguientes países europeos que aprobaron una ley destinada a penalizar a los clientes de la prostitución.

Alemania será el próximo país que impulsará unas medidas legislativas tendentes a multar al cliente de la prostitución. En el caso de Alemania, ha sido el Consejo de Ministros quien ha despachado al Parlamento una regulación que deberá complementar la nueva ley sobre prostitución que, impulsada por el gobierno de Angela Merkel, está previsto que entre en vigor a mediados del año próximo. En dicha regulación se incluye una medida radical de penalización del cliente de la prostitución: la de una pena de prisión de entre tres meses y cinco años en el caso de que el cliente sea consciente de que la prostituta cuyos servicios está contratando ejerce la prostitución de manera forzosa.

El conocimiento de los puntos principales del proyecto de ley alemán sobre la prostitución ha hecho que muchas asociaciones de prostitutas hayan elevado su protesta contra él. Para las asociaciones de prostitutas alemanas, la ley proyectada no servirá para proteger a las prostitutas y sí para controlarlas.

Algunas firmas y asociaciones han destacado igualmente que la ley afectará negativamente a aquellas mujeres que, de manera libre y por una decisión personal, hayan decidido ejercer la prostitución. Algunas de estas mujeres deberán marchar a países fronterizos en los que la prostitución reciba otro tratamiento legal y otras buscarán agencias, salones o intermediarios que busquen canales más o menos seguros, más o menos clandestinos, para ponerlas en contacto con los potenciales clientes. Esto, en cierto modo, supondrá coartar la libertad profesional de estas mujeres y hacer depender el ejercicio de su oficio de la intervención de alguien que, de un modo u otro, ejerza el papel de proxeneta.