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Conclusiones del encuentro “Ordenanzas de Prostitución a Debate”

El grupo municipal Ahora Madrid celebró durante la pasada semana el encuentro Ordenanzas de Prostitución a Debate. En dicho encuentro, celebrado en el Centro Dotacional de Arganzuela (Madrid), participaron Mamen Briz del colectivo Hetaira, Mª Eugenia Rodríguez Palop (jurista y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid), Martina Kaplún (Fundación Cruz Blanca) y Encarna Bodelón (jurista y profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona). El objetivo del debate, que fue moderado por la periodista de eldiario.es Ana Requena, era comparar las diferentes ordenanzas municipales que en nuestro país intentan, de una forma directa o indirecta, regular la prostitución.

Encarna Bodelón, miembro del grupo de investigación Antígona, grupo de investigación que se constituyó en el año 2000 en la Universitat Autònoma de Barcelona con el objetivo de analizar el desarrollo de los derechos de las mujeres con perspectiva de género, ha resaltado, a raíz de su participación en el debate, que la política sancionadora de la prostitución, tanto en su vertiente de sanción a las mujeres como en la de sanción a los clientes, es una técnica equivocada.

Sin duda, es la sanción a las mujeres que ejercen la prostitución la que más daño causa a dichas mujeres. Muchas de esas mujeres, señala Encarna Bodelón en una entrevista concedida a Patricia Reguero, de elsaltodiario.com, no pueden pagar esas multas y, al no poder hacerlo, las empiezan a acumular hasta que, en algunos casos, llegan a sumar incluso miles de euros. Según apunta Bodelón, la primera consecuencia de la sanción a las prostitutas es el empobrecimiento de las mismas y no la mejora de sus condiciones de vida. Bodelón sostiene también en la mencionada entrevista que estas sanciones acaban perjudicando a las mujeres que, ejerciendo la prostitución, se encuentran en la situación más débil. Es decir: a las mujeres sin papeles.

Otro aspecto destacado por Encarna Bodelón en el encuentro Ordenanzas de Prostitución a Debate es el que hace referencia a cómo las medidas represivas sobre el ejercicio de la prostitución en la calle acaban provocando un efecto contrario al que buscan. En demasiadas ocasiones la reclusión de las mujeres en locales corre paralela a una disminución de su seguridad. Diferentes asociaciones dedicadas a trabajar con la prostitución han señalado en más de una ocasión que es más difícil acceder a las profesionales del sexo con problemas cuando trabajan en pisos que cuando lo hacen en la calle.

Bodelón, desde el grupo de investigación Antígona, defiende por buscar un acuerdo de mínimos entre las diferentes administraciones para eliminar las sanciones. Bodelón, en este sentido, se muestra absolutamente crítica con la Ley de Seguridad Ciudadana, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión en este blog.

Otra de las conclusiones a las que se llegó en el encuentro Ordenanzas de Prostitución a Debate es la del salir del paradigma del abolicionismo. Dicho paradigma, sostiene Bodelón, tampoco garantiza los derechos de las mujeres que quieran, libremente, ejercer la prostitución. Desarrollar derechos que permitieran a la mujer ejercer la prostitución con garantías sería, según Bodelón, la mejor manera de actuar respecto a la prostitución.

Bodelón, que, según afirma, sí cree que pueden haber formas de ejercicio libre de la prostitución, defiende el derecho a la sexualidad de la mujer. Que la mujer viva sus relaciones sexuales de una manera más libre, consciente y autónoma y, al mismo tiempo, disfrute de unos mayores derechos laborales y económicos, es la mejor manera, sostiene Encarna Bodelón, de hacer desaparecer los fenómenos de explotación en la prostitución.

Fomentar políticas públicas que aborden la educación en derechos sexuales y que favorezcan la atención a mujeres que están ejerciendo la prostitución han de ser la base, señala Bodelón, de toda política que quiera hacer frente al tema de la prostitución. Necesidades como el derecho a la salud, la regularización de las prostitutas que están en situación irregular o el garantizar la seguridad de toda mujer que decida ejercer la prostitución deberían figurar entre los objetivos prioritarios, según Bodelón, de cualquier política pública que decidiera regular la prostitución. Según afirma Bodelón en la mencionada entrevista, “las ordenanzas en este momento no sólo no frenan esa posible violencia, sino que las mujeres que se prostituyen y sufren violencia de un cliente no se sienten con garantías para poder denunciarlo y hacerle frente”.