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Efectos negativos de las normativas municipales sobre la prostitución

Durante la última década son diversas las ciudades españolas que han aprobado algún tipo de normativa destinada a perseguir la prostitución. Algunas de esas normativas castigan tanto a la trabajadora sexual como a su cliente; otras, sólo al segundo. Lo que se perseguía con estas normativas era proteger a las prostitutas, contentar a los vecinos que se quejaban del ejercicio de la prostitución en la calle o, simplemente, intentar limpiar la calle y trasladar la prostitución a otro lugar en el que no estuviera “tan a la vista”. Transcurridos unos años desde la aplicación de estas normativas municipales sobre la prostitución, ¿han sido los anteriormente citados los objetivos alcanzados? Parece ser que ni mucho menos. De hecho, hay informes de los que se desprende que dichas normativas no sólo no han mejorado las condiciones de vida de las prostitutas y las ha alejado del ejercicio de la prostitución, sino que han sido precisamente dichas normativas municipales las que han hecho que las mujeres que ejercen la prostitución vivan y trabajen en peores condiciones que antes.

De entre los estudios realizados al respecto vamos a destacar el que posiblemente sea el más completo de todos, el realizado por el grupo Antígona, un equipo de investigación sobre mujeres y derechos en perspectiva de género de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que se ha encargado de analizar el efecto que las diferentes normativas municipales sobre prostitución aprobadas han tenido sobre ésta.

El grupo Antígona ha estudiado las normativas municipales sobre prostitución en nueve ciudades (Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, San Sebastián, Bilbao, La Jonquera, Lleida y Castelledefels). Antígona ha incluido a Madrid en su estudio por su relevancia especial como capital de España y a pesar de no poseer una normativa municipal específica sobre prostitución. En Madrid, al carecer de dicha normativa, se utiliza para multar a prostitutas o clientes la Ley de Seguridad Ciudadana, la popularmente conocida como “ley Mordaza”.

El informe preliminar de 150 páginas del mencionado estudio incluye, al decir del diario El País, 32 entrevistas con prostitutas, organizaciones que trabajan con ellas, técnicos, políticos y policías. De esas entrevistas, y de las estadísticas sobre sanciones, se deduce que son más castigadas por la legislación actual y por su aplicación las prostitutas que sus clientes.

Según se desprende del estudio realizado por el grupo Antígona, las ordenanzas municipales aprobadas durante la última década incrementan la estigmatización de las mujeres que se dedican a la prostitución y las desplaza del centro de las ciudades a su extrarradio, a lugares donde ellas se sienten y están más inseguras.

Los autores y autoras del informe del grupo Antígona, así como fuentes de los Ayuntamientos de Sevilla y Barcelona consultadas por El País y de organizaciones que trabajan a diario con víctimas de trata, han reclamado una normativa estatal que unificara criterios y buscara soluciones. Y esa normativa, vista la disgregada composición del Congreso de los Diputados y la disparidad de posiciones de los partidos que lo componen respecto a la prostitución, parece que está muy lejos.