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Multas a prostitutas en los primeros pasos de la “Ley Mordaza”

Las organizaciones de prostitutas o defensoras de los derechos de las prostitutas lo están denunciando: la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno y aprobada por la mayoría del Congreso con los votos de los diputados del Partido Popular han hecho aumentar significativamente el número de multas impuestas a prostitutas que ejercen su profesión en la calle.

Organizaciones como Colectivo Hetaira denuncian lo que, según ellas, es entendido como un acto de “violencia institucional contra quienes ejercen la prostitución en las vías públicas”. Estos colectivos que centran su tarea diaria en la defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo hablan de persecución, acoso y de aumento de la vulnerabilidad de aquellas prostitutas que, de manera aleatoria y, en muchos casos, injustificada, se ven multadas por agentes del orden público en lugares como el conocido Polígono Marconi, de Villaverde.

Prostitutas que ejercen su oficio en este polígono hablan de números de la Policía que acuden con la orden explícita que firmar un número determinado de multas. Así, lo que se vendió desde fuentes oficiales como un instrumento legal para penar al cliente se ha convertido, en el momento de su aplicación, y según denuncian múltiples prostitutas de la Comunidad de Madrid, como un medio para criminalizar y penalizar al colectivo de personas que ejercen la prostitución en la vía pública.

Según la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, sólo serían sancionadas aquellas prostitutas que, ejerciendo la profesión en la vía pública, no obedecieran de manera reiterada los mandatos de la funcionarios policiales para que no ejercieran la prostitución en un determinado lugar que ocasionara peligro para la seguridad vial. Esto, según indican múltiples prostitutas del referido polígono madrileño, se ha convertido en un argumento con base legal lo suficientemente ambigua como para posibilitar la implantación de multas de una manera casi caprichosa a múltiples profesionales de la prostitución.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las prostitutas, con Colectivo Hetaira a la cabeza, opina que dicha actuación policial, impulsada, según se insinúa, desde los círculos del poder de la Delegación del Gobierno, impide el libre ejercicio de la profesión a quien, no pudiendo ejercerla de manera absolutamente libre, acabará ejerciéndola en un lugar en el que sólo se favorecerá los intereses privados de aquellos empresarios que las contraten imponiendo unas condiciones de contratación más o menos abusivas.