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Ningún modelo regulador de la prostitución es perfecto

Siempre es interesante encontrar un artículo que, más allá del alineamiento claro hacia una postura determinada, intente aportar elementos de juicio para que cada cual nos formemos una opinión sobre una determinada cuestión. Eso es lo que nos ha sucedido al encontrarnos en la red (ese saco sin fondo en el que en ocasiones se puede hallar algún tesoro) con el artículo titulado “17 cosas que hemos aprendido sobre los países abolicionistas y legalizadores de la prostitución”. Firmado por Esther Miguel y editado por magnet.xacata.com, en este artículo se intenta dar respuesta a una serie de preguntas. Todas ellas, en el fondo, se resumen en una: ¿cómo se debe tratar la prostitución a nivel legal y qué resultados para las propias prostitutas y para la sociedad tiene cada una de las diferentes posturas a adoptar?

La autora del artículo destaca en el mismo que existen cuatro modelos de regulación del ejercicio de la prostitución:

– El prohibicionista, en el que se persigue legalmente tanto a las trabajadoras sexuales como a los clientes y a los proxenetas. No existiendo ningún país que adopte las medidas prohibicionistas íntegramente, Irlanda, apunta Esther Miguel, podría ser el país, para muchas personas, que más se acerca a este modelo de regulación del ejercicio de la prostitución.

– El reglamentarista, en que, asumiendo la prostitución como un mal inevitable, se pone normas a las trabajadoras sexuales como pueden ser la prohibición de ejercer su oficio en determinadas zonas o el de pasar determinados controles médicos para evitar el contagio de ETS.

– El abolicionista. Según este modelo de regulación de la prostitución, las prostitutas son víctimas de la sociedad patriarcal y, como tal, deben ser protegidas. Para ello se penaliza duramente tanto a los proxenetas como a los clientes. Suecia, Noruega, Islandia y Reino Unido formarían parte del grupo de países que han optado por este modelo.

– El legalizador. Este modelo obliga a distinguir entre prostitución forzada y prostitución voluntaria e intenta proporcionar protección y auxilio en el primer caso y derechos y deberes laborales en el segundo. Holanda y Alemania son los dos países que, de momento, han optado por este modelo.

Aparte de estos modelos de regulación del ejercicio de la prostitución, señala Esther Miguel, se situarían Portugal y España, que, según palabras textuales de la autora del artículo que estamos comentando, “directamente no la regulan con ningún acercamiento”.

Una vez descritos los diferentes modelos de regulación del ejercicio de la prostitución aplicados actualmente en distintas partes del mundo, la pregunta que la Miguel se hace es: ¿cuál es el mejor de todos ellos? Para dar respuesta a dicha pregunta, Miguel cita a una educadora social, Sofía Santoyo Salgado. Santoyo, recopilando 46 de entre los documentos más citados sobre el tema, llegó a una conclusión: es muy difícil llegar a datos fiables al tratar este tema. ¿Por qué? Porque muchas investigaciones parten de prejuicios ideológicos y porque en la realidad del ejercicio de la prostitución y de la manera de regular dicho ejercicio coexisten “temas ideológicos, sociales, de derechos, económicos, administrativos y jurídicos”. Pese a ello, apunta Esther Miguel haciendo referencia a las conclusiones a las que ha llegado Santoyo, se pueden aceptar “algunas premisas, aunque sus cifras finales sean más bien estimativas y no certezas categóricas”.

Así, parece ser, según la opinión de esta educadora social:

– Que la concesión de licencias a los prostíbulos expande la industria del sexo y no reduce el tráfico sexual.

– Que hay indicios que apuntan que la legalización de la prostitución lleva consigo un aumento de la trata.

– Que la legalización de la prostitución beneficia en primer lugar a los proxenetas, que se convierten en empresarios.

– Que la legalización incrementa el nivel de competitividad entre las trabajadoras sexuales, que deben realizar servicios más variados por menos dinero.

– Que en Alemania no ha existido una mejora en la cobertura social de las trabajadoras sexuales aunque éstas estén legalizadas. Que, por el contrario, en Holanda sí que parece que dicha legalización ha aportado esa mejora.

– Que la criminalización de trabajadoras sexuales, proxenetas y clientes no mejoran la vida de las primeras.

– Que las medidas prohibicionistas y abolicionistas acaban dejando a las trabajadoras sexuales más desprotegidas.
– Que las medidas abolicionistas empujan a las trabajadoras sexuales a ejercer su trabajo en peores condiciones laborales.

– Que la clandestinidad sigue existiendo siempre, se aplique el modelo que se aplique.

– Que en Holanda y Alemania sólo pueden ejercer la prostitución legalmente las mujeres de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que alrededor del 70-85% de las mujeres que ejercen la prostitución en ambos países son mujeres de fuera de la UE, la inmensa mayoría de las trabajadoras sexuales de estos países que han optado por el modelo legalizador ejercen su profesión de manera ilegal.

– Que en las sociedades en las que la ley considera víctimas a las trabajadoras sexuales el estigma que arrastran éstas al, por ejemplo, ser arrestadas, es mayor.
– Que la mayor parte de los estudios que se realizan se hacen sobre la prostitución en la calle y no sobre la que se realiza en pisos, mucho más clandestina.

De este listado de premisas sólo se puede desprender que, según los estudios realizados, todos los modelos de regulación del ejercicio de la prostitución son imperfectos. De los estudios realizados, apunta Esther Miguel en su interesante artículo, también se desprende otro hecho: que todas las regulaciones se realizan por personas que, en principio, dicen velar por el interés de las trabajadoras sexuales, pero que nunca tienen su opinión en cuenta. Así, apunta Miguel, de cara al próximo cambio legislativo, “convendría tener fuertemente en cuenta a las trabajadoras de estos sectores y oír sus demandas”