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Modelos legales de regulación de la prostitución

La nueva ley francesa de penalización al cliente de la prostitución ha vuelto a encender el debate sobre la prostitución. Éste, como sabemos, es una especie de Guadiana que aparece o desaparece según las circunstancias. Al adoptar este modelo punitivo, Francia se alinea con países como Suecia, Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte y Noruega.

De entre todos estos países, fue Suecia el primer país en aprobar una ley que criminalizaba al cliente de servicios de prostitución. Estrechar el cerco sobre ellos es, según los defensores de esta postura, el único camino para acabar con una actividad que, desde su punto de vista, es fruto de la esclavitud sexual. Para los que, ente los modelos de regulación de la prostitución, defienden el abolicionismo de la misma, ésta nunca se ejerce libremente. Las prostitutas, según sostienen los abolicionistas, lo son porque o bien alguien las obliga a serlo o bien porque las circunstancias de pobreza o de desigualdad las ha llevado, en una situación más o menos extrema, a ejercer la prostitución.

Esta postura abolicionista ha despertado, como ya hemos visto en algunos artículos de esta misma sección, todo tipo de reacciones. Algunas, procedentes de diferentes asociaciones de prostitutas, han resaltado el hecho de que este modelo de regulación de la prostitución puede acabar empujando a las prostitutas a ejercer su oficio en las afueras de las ciudades. Ahí, en esos lugares, lejos del centro y del policial, las trabajadoras del sexo se encontrarían, al decir de las asociaciones de prostitutas, en una situación de mayor vulnerabilidad y a merced absoluta de los caprichos de mafias y clientes.

La postura de criminalizar/sancionar al cliente de la prostitución no es, sin embargo, el único modelo de regulación de la prostitución que se defiende en Europa. Junto a ella hay tres posturas sobre cómo afrontar el tema de la prostitución.

Una de ellas, la llamada postura legalista, es la defendida por países como Holanda, Dinamarca y Alemania. Holanda reguló la prostitución considerándola un trabajo desde el año 2000. En Holanda, los propietarios de burdeles pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social por las prostitutas que trabajan en ellos. Las prostitutas, por su parte, cobran el paro y deben poseer una licencia municipal para ejercer su profesión. El modelo alemán de regulación de la prostitución es calcado al holandés. El danés, por su parte, ha escogido para regular la prostitución un modelo en el que las prostitutas pagan impuestos pero carecen de subsidio de desempleo y de Seguridad Social.

Otro modelo de regulación de la prostitución, basado en colocar la prostitución en el terreno de la alegalidad (es decir: no considerándola legal ni ilegal), es el que han escogido España e Italia. En ambos países, sin embargo, y en los últimos años, ha ido imponiéndose poco a poco un modelo en el que, a partir de las ordenanzas municipales, se han aprobado medidas de penalización tanto de la solicitud de servicios de prostitución como de oferta de los mismos.

El último modelo de regulación de la prostitución, el prohibicionista, es el defendido por Hungría. Hungría ha optado por penalizar a la prostituta y al cliente. En el caso húngaro, la presión sobre la prostituta es mayor que sobre el cliente. De hecho, a éste sólo se le sanciona si “acepta” los servicios de una menor. Ellas, por el contrario, son sancionadas en todas las ocasiones con sanciones que, incluso, pueden llegar a la pena de prisión.

Junto a todos estos modelos de legislación sobre la prostitución, Finlandia defiende un sistema híbrido. Entendiendo que la libertad de la mujer para escoger su profesión debe prevalecer (incluyendo entre ellas la prostitución), los legisladores finlandeses han optado por sólo sancionar a los clientes que opten por contratar los servicios de una prostituta que sea víctima de redes de trata.