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Manifiesto de alcaldesas barcelonesas sobre la prostitución

Las alcaldesas de los municipios barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet, Sant Boi y Sant Cugat del Vallès han suscrito un manifiesto en el que piden a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que refuerce las medidas adoptadas para erradicar la prostitución de las calles y en la que le solicitan una reconsideración de la postura que la líder de Barcelona en Comú (BC) ha tenido hasta ahora.

Como ya comentamos en esta sección hace unos meses, los grupos municipales de Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP, Barcelona en Comú y Ciutadans aprobaron en diciembre, y a propuesta de este último grupo, la puesta en marcha de un plan que, eliminando las multas a las mujeres que ejerzan la prostitución, dote de un marco normativo municipal a todas aquellas personas que decidan, de una manera voluntaria, ejercer la prostitución en el municipio barcelonés. (Se puede profundizar en el conocimiento de la propuesta de estos grupos cosultando el artículo de esta sección “Aprobada una propuesta de regulación de la prostitución libre en el Ayuntamiento de Barcelona”.

El manifiesto firmado por Núria Parlón, Núria Marín, Lluïsa Moret y Mercè Conesa ha sido respaldado y firmado también por el Moviment Democràtic de Dones y por la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic de Dones i Nenes. En su manifiesto, estas entidades manifiestan estar en contra de reglamentar la prostitución. Las alcaldesas firmantes del manifiesto (tres de ellas pertenecientes a PSC y una a la antigua CiU) sostienen, junto a las anteriores entidades, que la reglamentación de la prostitución supondría asumir a ésta como “una alternativa ‘laboral’ aceptable para las mujeres pobres”.

Ante este manifiesto sólo se ha escuchado la voz de la concejala de Ciclo de la Vida, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez. Pérez ha querido destacar que el proyecto municipal se encuentra sólo en fase de estudio y debate y ha recalcado una circunstancia que siempre debe tenerse en cuenta: que un municipio no tiene capacidad competencial para otorgar derechos laborales a la práctica de la prostitución. El ayuntamiento de Barcelona, pues, ni podría regular la prostitución en ese aspecto ni podría abolirla.

¿Qué podría hacer, pues, el Ayuntamiento presidido por Ada Colau, respecto al tema siempre debatido y siempre conflictivo de la prostitución? Podría, por ejemplo, legalizar meublés. En estos prostíbulos “oficiales”, las prostitutas que decidieran serlo de una manera absolutamente libre podrían ejercer su oficio en buenas condiciones de seguridad e higiene. Esta medida, sin embargo, no ha sido aprobada todavía y, como la misma Laura Pérez se ha encargado de recalcar, se encuentra todavía en fase de discusión.

Pérez destacó también que los esfuerzos del equipo de Ada Colau deben ir orientados a garantizar los derechos de las prostitutas y a ofrecerles alternativas de formación y ayudas para su inserción en un mercado laboral que no tenga que ver con la prostitución. Buscar itinerarios de empleo no estigmatizadores sería, junto a la eliminación de las multas creadas a partir de la ordenanza de civismo del gobierno del alcalde Trias, uno de los objetivos principales de la alcaldesa Colau.

Favorable a la eliminación de las multas a las mujeres que ejerzan la prostitución en las calles de Barcelona se muestra también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). La FAVB, sin embargo, y pese a las diferentes sensibilidades existentes en su seno, se muestra radicalmente en contra de que se eliminen las sanciones a los clientes. La FAVB considera que eliminar las sanciones a los clientes supondría trasladar a la opinión pública un mensaje: el de considerar normal la compra de servicios sexuales.

El colectivo Prostitutas Indignadas, por su parte, ha replicado al manifiesto de las alcaldesas Parlón, Marín, Moret y Conesa con un texto en el que, encabezado por el título “No somos carne de vuestras campañas, somos mujeres con derechos”, reclaman una vez más al Ayuntamiento de Barcelona que genere unas políticas que garanticen los derechos de las mujeres que, libremente, deseen ejercer la prostitución.

El caso de Madrid

Frente al debate barcelonés sobre el tema de la prostitución, el Ayuntamiento de Madrid ha optado por aplicar el plan que la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, elaborara durante su mandato. El equipo dirigido por Manuela Carmena ha recalcado que la tarea municipal respecto a la prostitución está acotada, por simple reparto de competencias, a la asistencia a las prostitutas. Éstas, consideradas en todo momento víctimas, podrán gozar de ayuda psicológica, jurídica, social y educativa. Esa ayuda educativa debe ir orientada a proporcionar a las prostitutas que deseen abandonar el ejercicio de la profesión los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para poder reorientar su vida profesional y para poder encontrar otras alternativas laborales.

Manuela Carmena propuso, durante la campaña electoral para las municipales de 2015, un estudio que permitiera poner en marcha un proyecto piloto experimental en el que se concediera cierto grado de legalización y de reconocimiento de derechos laborales de las prostitutas. El pacto con el PSOE, necesario para alcanzar la alcaldía, ha supuesto probablemente un freno a dichas aspiraciones. No hay que olvidar que el PSOE fue el impulsor de una norma que, votada favorablemente por todos los grupos municipales presentes en el consistorio madrileño, ha convertido en ilícito cualquier anuncio de prostitución que se reparta en las calles, tal y como ya informamos en esta sección en el post titulado “El PSOE, contra los anuncios de prostitución en las calles de Madrid”.