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Ley Trump contra los anuncios de prostitución en la web

Ejercer de nuevo en la calle, marcharse del país o buscarse otro oficio. Ésas son las tres alternativas a las que se enfrentan las prostitutas de Estados Unidos tras la promulgación por parte del Presidente Donald Trump de dos leyes, conocidas como SESTA y FOSTA, por las que se atribuyen responsabilidades penales a aquellas páginas web que publiquen anuncios de prostitución.

Las leyes contra la publicidad de prostitución por internet de la Administración Trump, aprobadas casi por unanimidad, ha comportado el cierre de portales de anuncios como Backpage y ha supuesto el cierre parcial de portales como Craiglist. Craiglist ha eliminado su sección de contactos ya que en dicha sección se anunciaban múltiples prostitutas de Estados Unidos.

Expertos en temas de prostitución han expresado su disconformidad con la promulgación de las leyes Trump contra los portales de prostitución. Estos mismos expertos señalan cómo internet proporciona a las trabajadoras sexuales una herramienta de vital importancia para velar por su seguridad: la de poder consultar si el cliente que desea contratarla es de fiar. El número de teléfono o la dirección de correo electrónico basta para “pedir informes” a las otras prostitutas en los foros especializados.

Que la posibilidad de publicitar sus servicios en internet juega a favor de la seguridad de las prostitutas es algo que también defienden diversos investigadores universitarios de la Universidad de Baylor y de West Virginia. Según estos investigadores, la posibilidad de anunciar sus servicios por internet había servido, en el caso de las trabajadoras sexuales que se habían anunciado en las webs especializadas, para aumentar su seguridad, así como para reducir la tasa de homicidios femeninos.

Tras la iniciativa legislativa de Donald Trump se esconde un escándalo: el protagonizado por el máximo ejecutivo del portal de anuncios Backpage. El directivo de Backpage fue detenido tras comprobarse que la sección de contactos de Backpage servía en muchos casos para publicitar los servicios de trabajadoras del sexo que no habían alcanzado la mayoría de edad. Backpage, que publicaba anuncios de todo tipo, debía el 90% de sus ingresos a los anuncios publicados en la sección de adultos.

El escándalo originado por el caso de las menores de edad anunciadas como prostitutas en Backpage movilizó a diferentes asociaciones cristianas y a otras asociaciones especializadas en la ducha contra la trata de mujeres. Éstas asociaciones, apoyadas por algunas estrellas de Hollywood y algunos presentadores de televisión, iniciaron una campaña mediática para solicitar a las instancias políticas que tomaran alguna medida al respecto.

La presión ejercida por estas asociaciones empujó al Senado y a la Cámara de Representantes estadounidense a aprobar las mencionadas leyes. La aprobación de dichas leyes se produjo gracias al apoyo casi unánime de todas las fuerzas republicanas y demócratas.

Diferentes asociaciones por la libertad de expresión y diferentes colectivos de prostitutas de Estados Unidos clamaron contra la aprobación de las leyes que prohibían los anuncios de prostitución por internet. Según estas asociaciones y colectivos, la ley aprobada creaba un precedente peligroso: considerar a los propietarios de las webs responsables del contenido de los anuncios publicados por sus usuarios. Incluso el Departamento de Justicia expresó sus dudas sobre la conveniencia de las leyes que entonces se pretendía aprobar. El Departamento de Justicia recalcaba que la vaguedad del texto legislativo podría llevar, según consta en la carta enviada por el mencionado Departamento a los legisladores, a aplicar penas retroactivas, lo que resultaría inconstitucional. El Departamento de Justicia también indicaba en su misiva que la nueva legislación podría, a la larga, dificultar la localización o detención de los traficantes sexuales.