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Francia se replantea su ley sobre la prostitución

Hace algo menos de tres años que Francia, tras un largo trámite parlamentario, decidió penalizar a los clientes que intentaran contratar a prostitutas en las calles del país. Lo que había sido una promesa electoral del entonces presidente François Hollande y que servía para imitar la legislación sobre prostitución imperante en países como Islandia, Suecia y Noruega, entraba en vigor finalmente tras haber sido largamente debatida. La ley suprimía el delito de captación de clientes y pasaba a considerar a las trabajadoras del sexo víctimas del comercio sexual. La ley, actualmente en vigor, también establece que las prostitutas de origen extranjero pueden obtener el permiso de residencia en el país si abandonan la actividad.

Esta ley francesa reguladora de la prostitución de marcado carácter abolicionista y que, como se ha indicado, fue aprobada con muchas voces en contra, ha sido de nuevo puesta en solfa. El Consejo Constitucional francés, de hecho, deberá emitir un fallo, que se conocerá el próximo 1 de febrero, en el que se deberá dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿atenta contra derechos constitucionales como la libertad sexual, la autonomía personal, el respeto a la vida privada, la libertad comercial o la libertad contractual el hecho de que la ley mencionada recoja la posibilidad de imponer multas de entre 1.500 y 3.750 euros a las personas que contraten los servicios de una prostituta?

Entre los demandantes que han solicitado la derogación de la ley francesa reguladora de la prostitución figuran una treintena de trabajadoras sexuales, la sección francesa de Médicos del Mundo y algunas organizaciones de ayuda a las prostitutas. Los demandantes aseguran que la mencionada ley vuelve más frágiles a las mujeres explotadas y que, pese a haberse anunciado y publicitado como una ley protectora de las trabajadoras sexuales, no cumple dicho cometido.

Los demandantes que solicitan la derogación de la ley francesa reguladora de la prostitución se han basado en un estudio realizado el pasado año para sustentar sus peticiones. Según dicho estudio, la situación de las trabajadoras sexuales francesas empeoró notablemente tras entrar en vigor la ley sobre la que tiene que pronunciarse el Consejo Constitucional francés. El 63% de las trabajadoras sexuales encuestadas afirmaron que sus condiciones de vida se habían deteriorado; el 78%, que sus ingresos habían caído; el 42% afirmó sentirse más expuesta a la violencia y el 38% declaró que, desde la entrada en vigor de la ley, costaba más convencer al cliente para que éste utilizara el preservativo durante la relación sexual.

Por su parte, los defensores de la abolición de la prostitución defienden el mantenimiento de la ley francesa de regulación de la prostitución. Ellos aplauden, por ejemplo, que la ley incluya no sólo multas a los clientes, sino también dispositivos de acompañamiento para las mujeres que deseen dejar el oficio. Que esos dispositivos no estén completamente extendidos por todos los departamentos del territorio francés y que no estén funcionando al cien por cien no quiere decir, afirman los defensores de la ley, que los que están funcionando no estén empezando, poco a poco, a dar sus frutos.

Para los defensores de la abolición de la prostitución, derogar esta ley es “consagrar el derecho de los hombres a imponer un acto sexual por dinero”, lo que, desde su punto de vista, implica consagrar un acto de violencia.

Los demandantes y detractores de la ley, por su parte, acusan a los defensores de la ley de exhibir una “peligrosa” hipocresía moral con su actitud moralista.

En definitiva, lo que se está dilucidando en el Consejo Constitucional francés sólo es reflejo de la amplia variedad de puntos de vista y del duro enfrentamiento entre ellos que acostubmran a darse cuando se debate el tema de la prostitución y la postura que adoptar ante ella.