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La abolición de la prostitución… ¿en los planes del Gobierno?

Desde que se formara el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos hay un ministerio que se ha convertido en el centro principal de todas las discordias entre los dos socios de gobierno. Ese ministerio es el de Igualdad, al frente del cual se halla la dirigente del partido morado Irene Montero. Dichas tensiones y discordias, surgidas sobre todo a partir de la presentación de la Ley de Libertad Sexual (que aún tiene que tramitarse y aprobarse), han hecho que Montero haya tenido que salir más de una vez a la palestra a dar explicaciones sobre el sentido de la mencionada ley y sobre su desencuentro con otros ministerios, éstos, como es el caso del de Justicia, bajo control socialista. En una de dichas comparecencias públicas, la ministra Montero anunció que, entre los proyectos legales que el Gobierno tiene en su agenda, hay uno, el de la ley contra la trata de personas, que tiene como “horizonte” (ése fue exactamente el término empleado por la ministra) la abolición de la prostitución.

Remarcando que “es importante luchar contra la explotación sexual”, Irene Montero se declaró “abolicionista” respecto a la prostitución. La ministra, sin embargo, reconocía en su misma intervención que una medida de ese calado no era una medida fácil de sacar adelante. De hecho, remarcó Montero, la abolición de la prostitución en España no está incluida en los puntos recogidos en el pacto de gobierno firmado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. En dicho pacto sí se habla, sin embargo, de “erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual”, así como de impulsar el redactado, tramitación parlamentaria y aprobación de una ley integral que sirva para incorporar medidas de prevención y persecución contra las redes de tráfico de niñas y mujeres que son “obligadas a ejercer la prostitución” en España. En dicho pacto, sin embargo, no se hace referencia alguna ni a la abolición de la prostitución ni a otro de los aspectos directamente relacionados con esta problemática y que, en otros países, se ha convertido en el eje central alrededor del cual gira la política sobre prostitución y que es algo que el PSOE viene defendiendo desde hace tiempo: las sanciones a los clientes.

Al realizar estas declaraciones, la ministra Montero reconoció que existe una importante corriente dentro del feminismo que es absolutamente contraria a la abolición de la prostitución. La ministra de Igualdad dijo sentir respeto por esas mujeres y por su opinión, pero recalcó que había que incidir en una lucha que, según afirmó, es común y prioritaria para todo el movimiento feminista: la lucha contra la explotación sexual en todas sus formas. Y la prostitución, según Montero, es una de esas formas.

Sobre el modo de conseguir alcanzar los objetivos, Irene Montero declaró que su ministerio pondrá el foco en la industria. Para la ministra, lo prioritario no es tanto debatir sobre las diferentes posturas coexistentes dentro del movimiento feminista ni sobre la situación de las mujeres que ejercen la prostitución, sino actuar contra aquellos hombres que “se están enriqueciendo a manos llenas a costa de la explotación sexual de las mujeres”.

En la misma línea que la ministra de Igualdad se posicionó Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Rosell, que se ha declarado abolicionista, dice respetar también la postura de aquellas compañeras del movimiento feminista que consideran más eficiente el actuar desde postulados reguladores. Para esas feministas, la regulación es más efectiva que la abolición tanto para reducir el número de trabajadoras sexuales como para mejorar las condiciones laborales de éstas. En ese sentido, Victoria Rosell declaró que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez apostará, en un principio, por impulsar una ley que sirva para actuar contra los explotadores y contra los usuarios de la trata. Así, la abolición de la prostitución quedaría, tal y como ha apuntado la ministra Montero, en el horizonte.