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El Gobierno impugna el sindicato de prostitutas

Hace apenas unas semanas publicábamos un artículo en este blog en el que informábamos sobre el hecho de que el Ministerio de Trabajo había registrado un sindicato de prostitutas, la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). Dicho registro había hecho que la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, declarara públicamente que “le habían metido un gol por la escuadra” y que el registro de dicho Ministerio era “uno de los peores disgustos” de su vida política.

A punto de cumplirse tres meses desde que el Boletín Oficial del Estado publicara la resolución con la que el Gobierno daba luz verde a la creación del mencionado sindicato de prostitutas, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha iniciado los trámites pertinentes para impugnar los estatutos de OTRAS amparándose en el argumento de que dichos estatutos “vulneran la libertad sindical, la dignidad de la persona y el principio de igualdad”. Con dicho fin, el Ministerio dirigido por Valerio ha enviado al de Justicia un escrito para que lo traslade a la Fiscalía General del Estado solicitando que se impugnen los mencionados estatutos ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. La Ley de Jurisdicción Social otorga al Ministerio Fiscal la legitimación necesaria para llevar adelante, si la Fiscalía lo considerara conveniente, una impugnación de este tipo.

El Ministerio de Trabajo ha argumentado en su informe que como tal Ministerio “no puede admitir la constitución de un sindicato que, según las informaciones conocidas con posterioridad al depósito de sus Estatutos ante la Dirección General de Trabajo, ha afirmado perseguir la defensa y promoción de la prostitución, el otorgamiento de derechos laborales a quienes ejercen la prostitución y, por tanto, la normalización de la relación existente entre quien ejerce la prostitución y el proxeneta”.

Según el Ministerio de Trabajo, los estatutos de OTRAS vulneran la libertad sindical al reconocer la misma a personas (las trabajadoras sexuales) que en modo alguno cumplen una función regulada por un contrato de trabajo, requisito imprescindible para ser una persona trabajadora por cuenta ajena y, por tanto, con derechos a sindicación.

Según el Ministerio de Trabajo, los estatutos de OTRAS vulneran la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los artículos 10 y 14 de la Constitución Española (que hacen referencia a la dignidad de la persona y al principio de igualdad), y a la Ley Orgánica para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2007.