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Dificultades judiciales de las trabajadoras sexuales

Cuarenta y tres. Ése ha sido el número de prostitutas que han sido asesinadas desde el año 2010 y según datos aportados por el portal Feminicidio.net. Este dato da cuenta de hasta qué punto las agresiones a trabajadoras sexuales es una realidad a la orden del día en nuestro país. Este tipo de violencia de género tiene, según apuntan los expertos, unas características muy específicas. En primer lugar hay que pensar que este tipo de violencia contra la mujer se denuncia poco. En segundo, hay que tener presente que las trabajadoras sexuales que, finalmente, deciden denunciar, deben enfrentarse a todo tipo de obstáculos que hacen que el acceso a la justicia no sea algo sencillo.

Y es que las prostitutas están expuestas a tres tipos de agresiones: la de los clientes, la de los proxenetas y la de, según afirma Martina Kaplún en un reportaje editado por eldiario.es, algunos agentes de Policía. Esto es así, afirma Kaplún, porque sobre las trabajadoras sexuales sigue recayendo un fuerte estigma social que hace que se las considere “cuerpos para todos”.

El estigma, sostiene Carla Vall, abogada penalista y miembro de Dones Juristes, influye también en el sentido de muchas sentencias en juicios celebrados por denuncias de agresión a una prostituta. Vall, en el mismo texto mencionado anteriormente, apunta en que las trabajadoras sexuales son, o bien tratadas de manera “infantil y paternalista”, o bien son puestas en duda porque existe la concepción generalizada de que su trabajo implica, en cierto modo, “una barra libre de violencia sexual”.

Para sostener dicha afirmación, Vall recurre a un hecho acaecido en Mallorca hace ya unos años. Beauty Solomon, una trabajadora sexual que ejercía su profesión en la isla, denunció por agresiones e insultos a dos agentes de la Policía Nacional. Una vez celebrado el juicio, en 2007, el Juzgado de Instrucción nº 9 dictó sentencia. Según ésta, y pese a estar probadas las lesiones por un parte médico, los agentes de Policía estaban ejerciendo sus funciones “que no tienen otro objeto”, rezaba la sentencia, según afirma Vall, “que impedir el bochornoso espectáculo de la prostitución en la vía pública”. Cinco años después, en 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no investigar “con seriedad y efectividad” los hechos denunciados por Solomon.

Este ejemplo podría servir, junto a algunos otros, para demostrar hasta qué punto las trabajadoras sexuales agredidas gozan de menos garantías sexuales que el resto de mujeres. Sin ir más lejos, las agresiones y asesinatos de trabajadoras sexuales no están considerados violencia machista pues la Ley Integral Contra la Violencia de Género, que entró en vigor en 2004, sólo considera violencia machista la que se da en el seno de la pareja o la expareja.

Al mismo tiempo, las organizaciones sociales que trabajan con prostitutas han destacado dos aspectos. El primero de ellos es que las ordenanzas municipales aprobadas por diversos Ayuntamientos españoles (algo a lo que nos hemos referido en más de una ocasión en este blog) han hecho que muchas trabajadoras sexuales se hayan visto obligadas a ejercer su profesión en lugares más apartados, menos céntricos y, por tanto, más peligrosos para su integridad física.

El segundo aspecto destacado por estas asociaciones es que, en muchas ocasiones, las mujeres que ejercen la prostitución contemplan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más como “fuente de presión y abusos” que como cuerpos encargados de protegerlas. Por este motivo, afirma Martina Kaplún, son muchas las trabajadoras sexuales agredidas que no se atreven a denunciar la agresión padecida. El hecho de que muchas de estas mujeres carezcan de papeles en regla reduce también la posibilidad de que puedan denunciar dichas agresiones.

Para conseguir dar un giro a esta situación, Martina Kaplún sostiene que sería necesario formar agentes de Policía especializados en esta problemática y equipos multidisciplinares en el terreno de lo social para facilitar el acceso de estas mujeres a los servicios y recursos sociales.