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El PSC y CDC alertan sobre el efecto llamada de la política de Colau sobre la prostitución

Lo apuntábamos en nuestro anterior post: cuatro alcaldesas del área metropolitana de Barcelona reclamaban a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, un cambio de política respecto a la problemática de la prostitución callejera en la ciudad. Ese manifiesto, resaltábamos, había sido firmado por alcaldesas pertenecientes al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Jaume Collboni y Francina Vila, representantes, respectivamente, de ambos partidos, se han sumado al debate sobre la prostitución exponiendo públicamente sus posiciones.

Collboni y Vila, socialistas y convergentes, confluyen en la defensa de un modelo prohibicionista que, tomando como modelo las medidas tomadas por el gobierno sueco, se aleje de las estrategias de tolerancia que en Holanda, y según afirman, no han dado los resultados esperados.

Collboni ha reconocido públicamente la evolución de su pensamiento y su postura en el debate sobre la prostitución respecto al tratamiento municipal que debe darse a la misma. Si en el pasado se alineó con las posturas pro-regulación que siempre defendió Montserrat Tura, consellera de Interior durante el mandato del President Maragall al frente de la Generalitat de Catalunya, Jaume Collboni ha acabado encabezando una corriente que, dentro del mismo PSC, reclamaba la defensa de la línea prohibicionista respecto a la prostitución.

Collboni ha expresado en rueda de prensa que, en su opinión, la aprobación de una normativa municipal reguladora y tolerante no conseguiría otra cosa que servir como efecto llamada para todas aquellas prostitutas que, en otras latitudes, encontraran una normativa mucho más restrictiva para el ejercicio de su profesión.

La postura defendida por CDC en el debate sobre la prostitución en boca de su concejala Francina Vila coincide casi plenamente con la defendida por el PSC. Hay un factor, sin embargo, en el que ambas formaciones políticas disienten, y ese factor es el de las multas. El alcalde Xavier Trias (CDC) aprobó durante su mandato la ordenanza municipal e introdujo la posibilidad de que la Guardia Urbana multara no sólo a los clientes (tal y como defienden los socialistas), sino también a las mujeres (u hombres) que ejercieran la prostitución en las calles. Collboni, por su parte, recalca que fue el gobierno de Convergència i Unió quien legalizó los prostíbulos.

El debate sobre la prostitución, como acostumbramos a decir, es un debate siempre vivo y siempre aplazado. Aparece y desaparece por motivos diversos y ocupa las páginas de los diarios (como sucede ahora) cuando menos se espera. Como todo debate en el que los matices cuentan mucho, las posturas en el seno de los mismos partidos se vuelven muy diversas aunque, finalmente, los partidos acaben expresando una postura única y oficial.

Por otro lado, y como siempre sostenemos, el debate sobre la prostitución a nivel municipal tiene la importancia que tiene y las medidas que a dicho nivel se adopten sobre la prostitución serán siempre medidas que tendrán un alcance limitado, ya que son la Generalitat y el Gobierno central quienes poseen las competencias para legislar y regular al respecto. El Ayuntamiento, como mucho, podrá mejorar los servicios sociales que atiendan a las profesionales del sexo o potenciar y desarrollar medidas de reinserción laboral para aquellas prostitutas que deseen encontrar un futuro laboral más allá de los límites del ejercicio de la prostitución. Estos dos son, sin duda, dos radios de acción de indudable importancia para el ejercicio de la profesión. Por eso en esta sección siempre intentamos hacernos eco de las novedades que, en referencia a esos temas, puedan producirse.