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La Segunda República y el debate sobre la prostitución

La presunta cercanía de unos comicios generales activa siempre todo tipo de debates. El de la prostitución y su abolición o reglamentación es, como hemos visto en alguno de los artículos de este blog, uno de ellos. Pero ese debate no es nuevo. Es un debate histórico que, de manera más o menos cíclica, como si del río Guadiana se tratara, aflora a la superficie. Uno de los momentos históricos en el que ese debate adquirió especial relevancia en España fue durante ese período tan mitificado y, en demasiadas ocasiones, tan desconocido, que fue el de la Segunda República española, es decir, el período que va desde el 14 de abril de 1931, fecha en que se celebran las elecciones municipales que hacen caer a la monarquía borbónica, hasta el 18 de julio de 1936, fecha en la que el ejército franquista se alza en armas contra el gobierno de la República y estalla la guerra civil española.

¿Qué aptitud tomó la Segunda República ante el hecho de la prostitución? En primer lugar hay que destacar que los dirigentes republicanos rechazaban de plano el ejercicio de la prostitución, pero el posicionamiento de los mismos ante ella no era igual en todos los grupos políticos de la época.

Una de las medidas que adoptó la Segunda República sobre la prostitución fue suprimir el llamado Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas y la lucha antivenérea en 1 de julio de 1931, apenas dos meses y medio después de haber sido proclamada la República. Dicho Patronato había sido fundado en 1902 y había sido puesto bajo la protección de la reina regente María Cristina, madre del monarca Alfonso XIII. En cierto modo, este Patronato actuaba como una casa de acogidas, y pretendía servir para retirar a las mujeres de la prostitución. El Patronato, presidido por la infanta María Isabel, contaba con dos pequeños asilos, uno en San Fernando del Jarama y otro en El Pardo. Tras su supresión en julio de 1931, el Gobierno de la República creó otro organismo encargado de cumplir las funciones de aquél. Dicho organismo fue el Patronato de Protección de la Mujer y fue creado el 11 de septiembre de ese mismo año. Al crear dicho organismo, se intentaba adaptar la legislación española a los convenios internacionales en materia tanto de trata de blancas como de protección de mujeres y niños.

Otras de las medidas que durante esos primeros tiempos de la Segunda República adoptó el Gobierno respecto a la prostitución fueron seguir empadronando como se venía haciendo hasta entonces a las prostitutas en un registro especial y suprimir cualquier impuesto sobre la actividad prostitucional y la financiación mediante dicho impuesto de los servicios antivenéreos.

El abolicionismo de la prostitución durante la II República

En enero de 1932, sin embargo, se produzco uno de los debates sobre la prostitución más intensos de la historia del parlamentarismo español. Dicho debate tuvo lugar los días 12, 15 y 26 de enero. En dichas fechas intervinieron los siguientes oradores defendiendo una postura marcadamente abolicionista respecto a la prostitución:

– Manuel Rico Avelló. Para Rico Avelló, que pertenecía a la Agrupación al Servicio de la República y que acabó siendo, sucesivamente, ministro de Gobernación y de Hacienda, la reglamentación de la prostitución era “absolutamente incompatible con la dignidad humana”. El Estado, según su punto de vista, debía “fomentar y estimular la profilaxis individual y social” y “establecer las bases firmes de una política y una educación sexual”. Lo que no debía era seguir haciendo uso de las cartillas de registro. Para Rico Avelló, servía tan sólo “para dar una consagración escandalosa al tráfico que ejercen esas desdichadas mujeres, a la vez que les cierra todo acceso a las profesiones honradas”.

– César Juarros, fundador de la Sociedad Española de Abolicionismo, defendió en el debate sobre la prostitución celebrado en las cortes republicanas la supresión de todo tipo de reglamentación sobre aquélla. Para Juarros, la supresión de dichos reglamentos implicaba “la concesión a la mujer del derecho magnífico, inalienable, de elegir”, y acusaba a las prostitutas que trabajaban en los burdeles de “sobornar a médicos y policías poco escrupulosos para obtener certificados falsos”. Amparándose en razones de índole moral y fijándose en el modelo abolicionista británico de la época, que, según él, había permitido disminuir los casos de enfermedades venéreas, Juarros abogaba por la abolición de la prostitución siguiendo los postulados de Josefina Butler, primera impulsora histórica de las tesis abolicionistas. Para Juarros, ése era el modelo de actuación que había permitido que países como Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Mónaco, Letonia, Noruega, Estados Unidos o Uruguay carecieran, a su decir, de prostíbulos.

– Clara Campoamor. Como miembro del Partido Radical, la famosa diputada española se pronunció en el mismo debate contra la reglamentación de la prostitución. Campoamor hablaba de la prostitución como de un “vicio” o de una “lacra social” y acusaba al Estado de proporcionar a través de los dispensarios médicos los “carnets” en los que se certificaba que la prostituta que lo poseía era una “sana probable” sin por ello exigir una acreditación de la mayoría de edad de aquélla, sin documento alguno y sin “que quede un solo rastro del expediente”.

– José Sánchez Covisa. Este diputado por Cuenca, médico y miembro de la Sociedad Española de Dermatología y Sifiliografía cargó también contra la reglamentación. Según Covisa, dicha reglamentación era anticonstitucional, pues atentaba contra la igualdad de sexos proclamada en la Constitución de 1931.

Fue en 1933, por un decreto dictado el 25 de diciembre, cuando las competencias de Sanidad y Beneficencia quedaron integradas en el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. Dos años después, el 28 de junio de 1935, todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara acordaron la abolición de la prostitución reglamentada. El decreto mediante el que se suprimía toda reglamentación oficial sobre la prostitución establecía en su artículo primero que la prostitución era considerada “un modo de vida no lícito”.

En la exposición de los motivos del citado decreto se proclamaba el deseo del Gobierno de “incorporarse al movimiento abolicionista” pero adaptando dicho abolicionismo a la realidad española.

Entre el articulado de este decreto podemos destacar los siguientes aspectos:

– Se establecía que hombre y mujer eran igualmente responsables a la hora de combatir contra las enfermedades venéreas y su expansión.
– Se prohibía cualquier tipo de publicidad que tendiera a favorecer el comercio sexual.
– Se decretaba la asistencia gratuita a todas aquellas personas que carecieran de recursos.

Tres días antes de la aprobación del referido decreto, el 25 de junio de 1935, fue disuelto el Patronato de Protección de la Mujer que había sido fundado en 1931. Las competencias que dicho Patronato había venido ejerciendo fueron transferidas al Consejo Superior de Protección de Menores.

El decreto de 28 de junio de 1935 fue muy criticado por socialistas, comunistas y feministas. Estos tres colectivos abogaban por la adopción en España de un abolicionismo puro respecto a la prostitución. Para satisfacer en parte las exigencias de estos colectivos el Gobierno emitió una nueva orden el 11 de julio de 1935. En esta orden se fijaban unos requisitos de procedimiento necesarios para otorgar garantías a las revisiones obligatorias de las personas que se podían considerar focos de transmisión de enfermedades venéreas a la vez que se derogaban los antiguos registros de prostitutas.

La legislación de la Segunda República sobre prostitución era, pues, una legislación en la que se combinaban elementos abolicionistas con elementos reglamentistas.